Intendente Óscar Rodríguez rechazó imputación fiscal por tema EMPO y calificó al hecho como un acto selectivo y político

El intendente de Asunción, ingeniero Óscar Rodríguez, en conferencia de prensa realizada en la mañana de este miércoles 7 de octubre, brindó explicaciones a la ciudadanía sobre una imputación judicial en su contra, la cual calificó como selectiva y política, que interpuso la fiscala Stella Mary Cano, por hechos ocurridos cuando ejercía como presidente de la Junta Municipal de Asunción, la cual también alcanza al ex intendente capitalino, Mario Ferreiro y a otros once concejales municipales , en el marco de un proceso donde se investiga a la empresa EMPO.

Los once concejales imputados son Javier Pintos, Fabiana Benegas de Sánchez, Mariano Cáceres, Antonio Gaona, René Calonga, Karen Forcado, Augusto Wagner, Félix Ayala, Humberto Blasco, Ireneo Román y Elena Stael Alfonsí Samaniego, como también María Laura Schiavo, jefa del Departamento de Contratos de la Municipalidad de Asunción.

El jefe comunal capitalino calificó el hecho como una imputación política porque los autores del hecho denunciado, los ejecutivos de la empresa EMPO S.A, están sobreseídos, pero los concejales de entonces son los imputados.

Agregó que también llama la atención el hecho de que no esté incluido en la imputación el actual diputado, Hugo Ramírez, oportunidad en la cual exhibió la resolución firmada por el mismo, sobre cambio de razón social de la mencionada empresa, en la época en que era concejal municipal.

“Si uno mira el acta de imputación de la fiscala Stella Mary Cano, también debe estar incluido el diputado Hugo Ramírez, porque aquí está la resolución firmada por él, del cambio de razón social.  Así también debe estar imputado el concejal Julio Ullón, porque el cambio de la razón social fue a su pedido, también los ordenadores de gastos, pero, oh sorpresa, nos encontramos con una imputación selectiva donde, lastimosamente, los que trabajamos por la ciudad de Asunción somos los perjudicados”, expresó.

Enfatizó en que esto es un tema relacionado con la mafia de la basura, lo cual a él como intendente y hablando en representación de los concejales imputados, no les interesa.

“Solucionen ustedes sus problemas, sus negocios y déjennos a nosotros trabajar tranquilos”, dijo, dirigiéndose a los empresarios de este sector.

Manifestó que hace tiempo venía denunciando, a través de los medios de comunicación y de sus redes sociales, que existía una campaña en su contra y algunos amigos de la prensa le decían que había como un delirio de persecución de su parte.

“Yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay”, enfatizó.

Calificó a la imputación como algo sin pies ni cabeza, con el afán de presionar, de coaccionar y, por sobre todo, de amedrentar, tanto a concejales como al intendente, por lo que aprovechó para decirles a cada uno de los que están detrás de este plan que, si creen que con esto les van a amilanar o golpear, están muy equivocados, porque están seguros de hacer las cosas correctas y como debe ser.

 “Si vamos a irnos por el acta de imputación aquí falta el más imputable señora Stella Mary Cano.  Anímese a imputarle también a los otros, no se olvide del diputado Hugo Ramírez, no se olvide del concejal Julio Ullón, no se olvide de los ordenadores de gastos y no se olvide tampoco, en teoría, de los presuntos responsables de la falsificación de documentos, que casualmente cuentan con sobreseimiento provisorio”, insistió la máxima autoridad municipal.

Consultado sobre la situación del actual tratamiento de los lixiviados de Cateura, respondió que ellos iban a acatar lo que determinen los técnicos en el tema.

“Nosotros el día domingo pasado tuvimos una reunión en el Ministerio del Ambiente, con el ministro Ariel Oviedo, el ministro Joaquín Roa y el ministro Mauricio Espínola y demás técnicos, tanto del MADES, técnicos de la Municipalidad y otros actores, en donde he dejado mi postura clara y contundente, que sea la decisión que fuera que se tome entre los técnicos del Ministerio del Ambiente, nosotros íbamos a acatar”, aseguró.

Insistió en que ellos no son técnicos ambientales sino que simplemente lo que les preocupa y ocupa, es dónde llevarán la basura y cómo harán la disposición final.

“Estamos a merced de los técnicos y de los entendidos ambientales. Tenemos la voluntad política de hacer las cosas correctas y como se tienen que hacer. En cuanto a las decisiones técnicas, para eso están los técnicos”, insistió.

Director general de Administración y Finanzas brindó más detalles

Por su parte Wilfrido Cáceres, historió la relación de EMPO con la Comuna y sobre cómo se originó el problema.

Sobre el cambio de la razón social de la empresa, indicó que el 23 de marzo del año 2018, el Consorcio EMPO Limitada había solicitado el cambio de denominación o razón social a EMPO Sociedad Anónima, lo que fue aprobado por la Intendencia Municipal y por la Junta Municipal, por Resolución 5.500/18, firmada en aquel entonces por el diputado Hugo Ramírez.

Agregó que posteriormente, dos semanas después, por Resolución 5.687, por prudencia administrativa, y ante publicaciones periodísticas, la Junta Municipal resolvió dejar sin efecto la Resolución 5.500, la que no surtió efectos jurídicos algunos para la Municipalidad de Asunción.

Manifestó además que el supuesto certificado de cumplimiento tributario falso, nunca llegó a ojos de los concejales, porque los mismos no ejecutan contrato alguno.

Puntualizó que esto puede ser verificado en instancias de la Intendencia Municipal, porque fue cobrado por EMPO Limitada y Asociados, como se pudo ver en el recibo que facilitó a la prensa, donde figura el monto de 1.701 millones, al cual se hizo referencia en medios masivos de comunicación.

Se mostró también la factura, conformada por otros actores de la Administración en aquel momento, que también participaron en el proceso de pago.

Mencionó que en el año 2018, también por Resolución 7.362, la misma empresa EMPO había solicitado el levantamiento de esa revocatoria, debido a que habían accedido a un plan de pagos, lo cual puede ser comprobado en la Subsecretaría de Estado de Tributación y con el que cuenta el Consorcio EMPO Limitada.

“No existe ningún tipo de certificado de cumplimiento tributario falso, que haya llegado a los sentidos de los señores concejales para un pronunciamiento o manifestación legislativa.  Entonces, ¿de qué tipo de autoría se puede hablar cuando ellos nunca vieron siquiera el documento del que hace referencia el acta de imputación, mezclando la resolución de marzo de 2018 y la de octubre de 2018, que tuvieron efectos jurídicos diferentes”, argumentó.

Se refirió luego a la resolución 7.362, que había revocado la resolución anterior,  a pedido del señor Óscar Rodríguez, entonces presidente de la Junta Municipal y del concejal Félix Ayala, en su carácter de presidente de la Comisión de Legislación y en representación de todos sus pares que conformaban esa instancia asesora.

“Entonces, ¿cuál es el daño objetivado que hoy nos lleva a esta Acta de Imputación? ¿Cuál es la relación fáctica?”, se preguntó.

Director de Asuntos Jurídicos de la Comuna anticipó que pedirá la anulación del acta de imputación

El director de Asuntos Jurídicos del Municipio aseguró que el acta de imputación es de absoluta nulidad.

“En el modo, así como está redactado el acta de imputación, y careciendo de los requisitos fundamentales, evidentemente que nos encontramos ante un acta de imputación nula y de nulidad absoluta”, aseveró.

Mencionó asimismo que pareciera ser que el Ministerio Público ha desconocido cuáles son las competencias que tienen el Ejecutivo y la Junta Municipal.

“De conformidad al Artículo 20º, de la Ley Orgánica Municipal, la competencia de la Junta Municipal es deliberativa, de control y normativo.  En ningún momento hace de administrador de los bienes institucionales, lo cual compete al Ejecutivo, como para que se pretenda inducir o recomendar o sostener de que estamos en presencia de una coautoría, cuando no existe la posibilidad material de que el supuesto documento, de contenido falso, pueda ser utilizado por el órgano corporativo”, explicó.

Aprovechó para anticipar los pasos a seguir por el Intendente en el plano judicial.

“Por lo tanto, ya adelanto que, así como están las cosas, yo me veré obligado a plantear la nulidad del acta de imputación, para aquellos que pretendan decir que estamos o que hay intenciones de chicanear, eso no es así.  Cuando existe un acto nulo, que violenta las garantías constitucionales, amerita el impulso o deducir lo que, en términos jurídicos, se llama la nulidad absoluta de esa acta, lo cual, como director jurídico, lo recomendaré para que se obre en tal sentido”, señaló.

Reiteró que desde el ámbito de las competencias, y teniendo en cuenta el modo en que fue redactada el acta de imputación, no existe la más mínima posibilidad de que los señores concejales pudieran cometer ningún tipo de hecho punible.

Expresó además que lo que no se quiere entender es que el órgano de aplicación en materia ambiental es el MADES, no la Municipalidad de Asunción y  también los fiscales ambientales.

“La Municipalidad, en su momento, ha otorgado una concesión y son ellos los que deben expedirse en ese sentido. Para ese efecto existen tanto, por un lado la licencia ambiental para que siga continuando o no, que escapa de la competencia municipal”, remarcó.

Informó asimismo que la Municipalidad de Asunción, con la empresa EMPO, está en un proceso de rescisión de contrato que está siendo estudiado por tribunales arbitrales.

“No es que yo, de la noche a la mañana, puedo decir que rescindo y cierro ese lugar porque eso podría crear responsabilidades y responsabilidades no solamente para el Municipio sino también para los contribuyentes. Entonces, tenemos que ser bastante prudentes con respecto a ese tema. No es que uno le quiere o no beneficiar. En una relación contractual existen derechos y obligaciones”, concluyó.